La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca modificar el Código de Aguas para simplificar los procedimientos de fiscalización de la Dirección General de Aguas para abordar de manera eficiente y efectiva los problemas derivados de las infracciones a la normativa vigente y así lograr una mejor gestión de las aguas.
La iniciativa, presentada por el Ministerio de Obras Públicas, tiene como objetivo modernizar y fortalecer los procedimientos de la DGA respecto de las infracciones normativas al Código de Aguas, introduciendo un procedimiento administrativo sancionatorio simplificado, destinado a disminuir los tiempos de tramitación, e incorporar elementos disuasivos más eficaces.
“Es una muy buena noticia la aprobación unánime en la Cámara de este proyecto que presentamos con suma urgencia para fortalecer a la DGA agilizando los procedimientos de fiscalización, que creemos son necesarios para resolver las demandas de la ciudadanía de manera más rápida”.
La secretaria de Estado, explicó que: “Este proyecto de ley busca que tengamos un procedimiento más simple y breve y así aportar desde la fiscalización a una mejor gestión de las aguas en el territorio”.
“Esperamos contar en el Senado con el mismo apoyo de la Cámara, para que este proyecto pueda pronto convertirse en ley”, agregó la ministra López.
El texto busca también ajustar los mecanismos de notificación para los procedimientos administrativos del Código de Aguas, con la finalidad de que la DGA a partir de la experiencia adquirida y adecuándolos al proceso de transformación digital del Estado.
Además, de definir y regular la atribución de “vigilancia” de la DGA con la finalidad de que cuente con procedimientos más eficientes y eficaces a la hora de provocar la corrección temprana por parte de los infractores, así como facultades más robustas para paralizar la extracción de aguas no autorizada, hasta su autorización o regularización.
El proyecto considera, adicionalmente, potenciar el cumplimiento de resoluciones (Artículo 138), al posibilitar la colaboración entre la DGA, municipalidades u otros órganos de la administración del Estado, en conformidad con sus competencias, para ejecutar medidas asociadas al cumplimiento de sus resoluciones.
Finalmente, establece incentivos para el pago de multas y desincentivo de acciones dilatorias (Artículo 176), donde el infractor sancionado obtendrá un descuento de 25% sobre el monto de la multa si se allana al procedimiento, paga dentro de plazo y no presenta recurso de reconsideración.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados el Proyecto de Ley avanzó a segundo trámite para ser discutido en el Senado.