“Es una obra muy significativa, que resuelve en forma muy apropiada un nuevo acceso a Valparaíso, acá en el Camino La Pólvora; cuando se habilita un acceso de la manera en que se está haciendo, se genera la posibilidad de un desarrollo urbano, habitacional, inmobiliario y también de servicios del Estado”, destacó la ministra López luego de recorrer las nuevas obras junto al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

La secretaria de Estado detalló que: “no se trata sólo de facilitar la fluidez vehicular de esta zona de la ciudad, lo que sí se logra con la obra, sino que también habilita un nuevo acceso a Valparaíso y el desarrollo de la zona. Estamos hablando de una obra de más de 12 mil millones de pesos que se ha ejecutado en forma normal y que su entrega está programada para diciembre de este año”.

En la oportunidad, el alcalde Jorge Sharp, junto con agradecer la visita de la ministra del MOP, destacó que se trata de una de las obras de accesibilidad más importantes de los últimos años para la comuna. “En primer lugar, permite fortalecer a La Pólvora como una carretera de acceso al Puerto y hace a nuestro Puerto más competitivo; en segundo lugar, es una obra que va a permitir la conectividad de los vecinos y vecinas de Valparaíso, abriendo un nuevo acceso a la ciudad vía Camino La Pólvora- El Vergel; y, en tercer lugar, es una obra que recoge el aprendizaje de lo que le pasó a Valparaíso en el incendio del 2014, porque abre una vía de acceso que no estaba habilitada en el megaincendio”, explicó el alcalde, precisando que la obra fortalece a la ciudad desde la perspectiva de la gestión de riesgos.

El proyecto, ejecutado por la Dirección de Vialidad del MOP, incluye también la elaboración de 2 murales, cuyos diseños nacieron de un proceso participativo con las comunidades de los cerros El Litre, Las Cañas y Placilla de Peñuelas, en conjunto con la Municipalidad de Valparaíso y el Ministerio de Obras Públicas.

Los murales se ubican en los muros del enlace: por un lado está la representación de la presencia de pueblos originarios antes y después de la colonia y paisaje con flora y fauna existente en los alrededores y, por el otro lado, está la representación de soldados que participaron en la Guerra Civil de 1891, un antiguo viaducto de 1900 y, de fondo, la cascada del Salto del Agua.

“Estoy muy contenta de visitar el avance de las obras de este hermoso edificio de nuestra Policía de Investigaciones. Se trata de un edificio nuevo, que está ubicado en una zona céntrica y que va a concentrar un conjunto importante de funciones y especialidades policiales que son muy relevantes”, informó la ministra Jessica López sobre el edificio que tiene un 33% de avance y que representará una inversión de la PDI de $ 9.600 millones.

La secretaria de Estado explicó que “Para nosotros es muy importante estar acá y asegurarnos que esta obra marche a firme para poder entregarla en los tiempos que están comprometidos, pero que ya está bastante avanzada en su construcción”.

Al respecto, la delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, agregó que: “Esta es una obra muy importante para nuestro gobierno, para la Policía de Investigaciones y para toda la comunidad. El edificio que acá se está construyendo no solamente para los funcionarios y funcionarias de la PDI, sino que también va en la dirección de la recuperación de espacios públicos y generar mejores condiciones de quienes viven en las inmediaciones de este nuevo cuartel”.

En tanto, el prefecto de la PDI en Viña del Mar, Marcos Ramírez, junto con agradecer la visita de las autoridades a la nueva obra, destacó que: “Con este nuevo complejo policial vamos a robustecer la labor policial de análisis criminal, de inteligencia policial, y de trabajo investigativo criminal, que realiza la Policía de Investigaciones, sobre todo en esta Región de Valparaíso”.

El proyecto ejecutado por el MOP, a través de la Dirección de Arquitectura, comprende un edificio de 6.680 metros cuadrados construidos, distribuidos en 7 niveles sobre el terreno y dos niveles subterráneos. En el caso del laboratorio de criminalística regional, contará con un sistema de disipadores sísmicos, conformado por 12 deslizadores y 25 aisladores sísmicos. De esta forma, el edificio funcionará como una estructura aislada durante los sismos, lo que evitará que sufra daños estructurales en caso de un sismo de alta magnitud.

El nuevo cuartel, reemplazará el histórico edificio de la Prefectura de la Policía de Investigaciones en Viña del Mar, ubicado en calle Simón Bolívar, y que sufrió graves daños por el terremoto de 2010, dejándolo inutilizable. Producto de esto, los funcionarios del servicio debieron ubicarse en un cuartel provisorio ubicado en el sector de Miraflores.

Durante la visita inspectiva, la ministra del MOP estuvo acompañada por el seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga y la directora regional de Arquitectura, Alejandra Vio.

“Queremos agradecer a la Cámara de Diputados que aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que permite prorrogar el plazo para la inscripción de los derechos de agua en el conservador de bienes raíces y los riesgos que eso tiene en términos de caducidad”, destacó la ministra de Obras Jessica López.

La secretario de Estado, explicó que “hay otras medidas que también se aprobaron todas tendientes a facilitar el proceso y a poder avanzar definitivamente en tener registro de los derechos de aprovechamiento de agua en Chile”.

“Este es un paso más. Ahora viene el Senado, donde esperamos tener un proceso fluido”, agregó la ministra del MOP.

El plazo original establecido por la reforma al Código de Aguas, vigente desde abril de 2022, es de 18 meses, por lo que al 6 de octubre de este año este trámite debe ser completado. En el caso de no inscribir el derecho en el Conservador de Bienes Raíces, éste caducará. Sin embargo, la sanción de caducidad no aplicará para Servicios Sanitarios Rurales, ciertas comunidades agrícolas, propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento para preservar el ecosistema, y a los indígenas o comunidades indígenas.

Mientras se resuelve el aplazamiento de los plazos, titulares de derechos de aprovechamiento han realizado ambos trámites con el fin de tener sus derechos en regla. Cabe señalar que la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces tiene un costo y el registro en el Catastro Público de Aguas es totalmente gratuito.

El proyecto de ley que debe ser aprobado por el Senado, también señala que INDAP, CONADI, las Organizaciones de Usuarios de Aguas y la Dirección General de Aguas, deberán velar por la difusión e información de estas disposiciones.

Al respecto, el director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, indicó que desde publicada la ley 21.435 a la fecha, profesionales de las direcciones regionales de Aguas y del nivel central, se han desplegado en el territorio brindando charlas al respecto junto con la entrega de dípticos y publicación de información en el sitio web de la DGA. “Sin duda que haremos mayores esfuerzos para informar sobre estos trámites que sólo buscan que las personas tengan sus derechos en regla y además, que la DGA pueda contar con toda la información necesaria para gestionar el recurso con mayor eficiencia”, indicó.

Otro plazo a prorrogar, es el que corría para la conformación de las comunidades de aguas subterráneas en todas las áreas de restricción o zonas de prohibición, ampliándose de uno a tres años para iniciar el trámite.

El fin es que los titulares de un derecho de aprovechamiento de aguas se organicen para el control de extracciones con el objeto de gestionar de manera sustentable el acuífero a través del manejo de la información de usuarios, pozos y disponibilidad del recurso, tomando decisiones desde un enfoque colectivo y local.Por último, los legisladores establecieron un cambio en procedimiento que actualmente se realiza para perfeccionar o completar los derechos de aprovechamiento, para el cual se debe acudir a un Juzgado de Letras representado/a por un/a abogado/a a fin obtener una sentencia definitiva que complementa el título inscrito con aquellas características o menciones de las que carece, por ejemplo la naturaleza del derecho, o el caudal que se puede extraer expresado en litros por segundo, etc.

De aprobarse este proyecto, el perfeccionamiento se realizaría en la DGA, y una vez que la resolución administrativa que perfeccione el título del derecho de aprovechamiento de aguas esté firme y ejecutoriada, la DGA lo registrará en el Catastro Público de Aguas.

La Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, luego de que Aguas Cordillera, empresa sanitaria que opera en la Región Metropolitana, interpusiera una reclamación ante una multa de $39.253.874 por incumplir con las obligaciones derivadas del sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (MEE).

La Ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que “este fallo ratifica el trabajo que está realizando la DGA, en el sentido de fiscalizar y contar con información relevante para saber con cuánta agua efectivamente contamos. La transmisión de información en línea del Sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas es un instrumento fundamental que le exigimos a todos quienes extraen agua, ya sean grandes empresas o pequeños agricultores y fiscalizaremos que todos lo hagan”.

Según explicó el director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, en junio de 2019 la DGA implementó el sistema de MEE como una forma de verificar que las aguas extraídas coincidan efectivamente con el derecho de aprovechamiento de agua otorgado y así conocer la disponibilidad del recurso hídrico.

“De este modo, luego de fiscalizar a Aguas Cordillera y en base al análisis del informe técnico, la DGA determinó aplicarle una multa de 682 UTM ($39.253.874) en junio de 2022 por no haber iniciado dentro del plazo establecido según resolución, las transmisiones del caudal de agua que están utilizando respecto de 21 obras de captación de aguas subterráneas que se encuentran en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura”, relató Sanhueza.

No obstante, la empresa hizo uso de la facultad que le otorga el artículo 137 del Código de Aguas, reclamando la sanción impuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, la instancia judicial rechazó la reclamación, respaldando la multa aplicada por la DGA.

Cabe señalar que la DGA estableció como plazo el 4 de septiembre de 2020 para instalar el sistema de medición y registro en el software de la DGA, y el día 4 de octubre de 2020 para comenzar las transmisiones de la información. El 17 de marzo de 2022 la DGA detectó que la empresa no habría estado cumpliendo con las transmisiones de extracciones efectivas de 21 obras de captación de estándar mayor, por lo que el 31 de marzo se realizó la fiscalización, constatándose que las obras inspeccionadas no estaban transmitiendo la información requerida.

La DGA estableció que 11 de las 21 obras que se encontraban asociadas al proceso de fiscalización habrían estado transmitiendo de manera incompleta la información solicitada respecto al tipo de derecho, por lo que resolvió aplicar una multa de 682 UTM, desglosada en 121 UTM ($6.964.397) por no entregar información en forma y oportunidad, y 561 UTM ($32.289.477) por incumplimiento en transmitir la información de extracciones efectivas.

A juicio de la Corte de Apelaciones de Santiago, Aguas Cordillera no presentó pruebas que puedan desvirtuar la presunción de legalidad que tiene la resolución reclamada, ni el informe técnico realizado dentro del proceso de fiscalización, limitándose a alegar que estaría cumpliendo con la obligación objetada.

La ministra Jessica López indicó que “nuestro objetivo no es pasar multas, es que las empresas y las personas cumplan con las disposiciones del Código de Aguas. Tenemos una situación crítica de disponibilidad de agua, por lo que saber efectivamente cuánto extrae cada usuario es fundamental para asegurar el derecho humano al consumo de agua y saneamiento”.

El viaje de dos días del subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, contempló visitas a importantes obras de conexión territorial y marítimo en la zona, así como una serie de reuniones con líderes y organizaciones comunitarias junto a otras autoridades locales, para darle celeridad a diversos proyectos que están avanzando pero que han requerido de esfuerzo extras, considerando la complejidad que suman a las obras los aspectos geográficos, medioambientales y arqueológicos.

Una de las visitas inspectivas tuvo lugar en el camino más austral del mundo, en su tramo Estancia Vicuña-Yendegaia, que representa 31 kilómetros de la ruta en construcción que tiene en total 139 kilómetros, de los cuales sólo restan construir 30. Esta iniciativa bi-modal involucra transporte terrestre y marítimo; entre estos últimos los cruces en barcaza que se efectúan en Punta Delgada para ingresar a Tierra del Fuego desde el continente y el de Caleta 2 de Mayo y Puerto Navarino.

Herrera enfatizó que esta ruta camino un proyecto de alta relevancia para la región y especialmente para los habitantes de Puerto Williams, ya que permitirá reducir los tiempos de viaje en unas 12 horas al incorporar la alternativa terrestre, que hoy no existe. Las conectividades actuales son vía aérea o marítima. La última significa un viaje de 30 horas entre Punta Arenas y Puerto Williams. Por eso, el proyecto en construcción tendrá un impacto notablemente positivo, ya que involucrará menor costo de fletes y de transporte de pasajeros a la zona, junto con abrir un nuevo espacio de desarrollo turístico para la región.

Respecto de los aspectos técnicos y la belleza escénica del camino, realizado por la dirección de Vialidad del MOP con la colaboración del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), se trata de una ruta de alta montaña con un ancho de 7 metros de promedio como mínimo, donde se ha privilegiado un diseño con curvas de retorno para evitar las altas cumbres en distintos tramos de su recorrido. Gran parte del trazado se esculpe en la roca, con cortes que superan los 15 metros de altura, y rodea lagos; atraviesa llanuras y bosque nativo; cruza esteros y ríos, y remonta el cordón central de la Cordillera de Darwin en las cercanías de los campos de hielo D’Agostino, hasta lograr la conexión terrestre más austral de la isla de Tierra del Fuego, que es Caleta 2 de Mayo.

Dada la diversidad de suelos, desde roca dura a otros con mayor humedad, el trabajo ha requerido de diversas técnicas y materiales. A estos desafíos constructivos, se suma la gran cantidad de sitios arqueológicos de la etnia Yagán, que implican obras previas de recuperación. Al respecto, el subsecretario señalo que existe un Plan de Manejo Arqueológico, dada la alta importancia de este rescate patrimonial, sin embargo, ello también ha significado algunos retrasos del convenio.

Los esfuerzos del CMT y de la dirección de Vialidad han apuntado a contribuir con avances relevantes en bosques muy densos, dado el carácter de Parque Nacional que desde 2014 tiene el terreno, el que conforme a la declaración de impacto ambiental de 2007 requiere de intervención al menos 3,4 kilómetros antes de su entrada.

Lo delicado y complejo del tema ha involucrado un seguimiento de la fauna y la flora, la correspondiente recolonización y la regeneración del bosque en sí. Un ejemplo emblemático de este escenario es el pájaro carpintero, ya que no es factible trabajar de octubre a febrero por la anidación de esta especie.

Las autoridades enfatizaron que los beneficios que traerá este proyecto abarcan distintos aspectos: costos menores en materia de fletes y peajes, perspectivas del desarrollo turístico, mayor potencialidad de Torres del Paine, la conexión de Puerto Williams con Punta Arenas por tierra, mejorar la proximidad con Argentina a través de un camino de 6 kilómetros hasta Ushuaia, el cuidado del patrimonio cultural y medioambiental y la posibilidad de acceder con mayor facilidad al primer sitio de arte rupestre (asociados a las etnias Yagán y Selknam), entre otros.

«Estas visitas inspectivas son especialmente relevantes por dos razones: en primer lugar permiten ver la correlación entre lo que está informado en los documentos, lo que se va monitoreando y fiscalizando de las obras y lo que está ocurriendo en terreno. Y, en segundo lugar, es una gran oportunidad para conversar con los actores locales y los responsables de la gestión territorial y de las comunidades aledañas a las obras», añadió el subsecretario.

Durante el recorrido, José Andrés Herrera estuvo acompañado por alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández; la directora regional de Vialidad, Valeria Oyarzo; la secretaria regional ministerial del MOP, Dahián Oyarzún; la delegada provincial presidencial María Luisa Muñoz y el General Guido Frávega.

Diálogo Ciudadano y muelle multipropósito

En este encuentro con organizaciones sociales, José Andrés Herrera destacó las obras portuarias, como la de Navarino, recuperadas del abandono de un contratista anterior; y las obras en ejecución en Puerto Toro, zona aislada, que otorga dignidad y seguridad a sus pocos, pero importantes, cerca de 40 habitantes.

En lo concerniente a Yendegaia, señaló que el fin último es conectar Chile hacia el Beagle, lo que considerará un estudio sobre la penetración que iría hasta Puerto Toro, de manera de avanzar en el Chile por Chile y destacó las buenas gestiones de la dirección de Vialidad para establecer una inspectoría de la repartición.

Detalló que en el proyecto de conservación del camino, las tres licitaciones anteriores han quedado desiertas porque los contratistas de obras viales no están llegando a la zona. En ese sentido, subrayó, se están haciendo las gestiones para hacer licitaciones más atractivas.

En relación al muelle multipropósito, la obra responde a la necesidad de disponer de infraestructura marítima y terrestre en Puerto Williams, la localidad más austral. La infraestructura, precisó el subsecretario, permitirá atender a las naves que transitan por el canal Beagle, tales como naves científicas y cruceros cuyo destino es la Antártica.

Detalló que se espera su término en el segundo semestre de este año (en agosto, aproximadamente) y puso de relieve que esta obra forma parte del Plan de Zonas Extremas, con 67% financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y 33% sectorial. La Segunda Etapa, a licitarse en el segundo semestre 2023, involucrará 20 mil millones para las construcciones de edificios de pasajeros y administración y Sistema DMFO, entre otras, con financiamiento sectorial MOP.

Asimismo, la autoridad agradeció esta instancia que también permitió conocer algunas preocupaciones de los habitantes de esta zona, quienes manifestaron inquietudes en torno a temas tan variados como el del agua en Navarino, la conectividad, las rampas de los puertos, el muelle multipropósito, la llegada de naves y buques de mayor tamaño y el aeródromo, entre otros.